En diciembre de 2025 contábamos que las aseguradoras y la DGT mantienen un plan para hacer obligatorio el seguro a las bicis eléctricas. Entonces esquivamos la bala, pero dije que había que seguir alerta. Con las elecciones generales del 29 de noviembre a la vuelta de la esquina, toca volver al tema.
Lo digo claro desde el principio: ningún partido ha dicho en voz alta que vaya a imponer un seguro obligatorio para las bicis eléctricas si llegan al Gobierno. Ninguno lo lleva abiertamente en su programa. Pero sí tengo tres hechos que, juntos, me hacen pensar que estamos en riesgo.
Desde el 2 de enero de 2026, los patinetes eléctricos y el resto de «vehículos personales ligeros» tienen que llevar seguro obligatorio. Lo establece la Ley 5/2025. Las bicis convencionales y las de pedaleo asistido (EPAC, hasta 250 W y 25 km/h) quedaron expresamente fuera.
Esa exclusión no vino sola. Salió de una enmienda registrada en septiembre de 2024 por diputados del grupo Sumar, que recogía la propuesta de ConBici y AMBE (Infobae). ConBici también atribuye el impulso a ERC y al PSOE (ConBici).
En julio de 2024, el Ayuntamiento de Zaragoza aprobó su nueva Ordenanza de Movilidad con los votos de PP y Vox (Aragón Digital). Entre otras cosas, obliga a llevar seguro de responsabilidad civil a patinetes y bicicletas. No solo a las eléctricas: a todas. Zaragoza en Común dijo entonces que la ordenanza respondía a las propuestas de Vox.
Lejos de verlo como un problema, el PP lo presentó como un mérito. En la comisión de Movilidad, su concejala dijo que habían sido «pioneros en el impulso del casco y el seguro», por delante del propio Gobierno (acta municipal).
Lo más revelador vino después. Cuando el Congreso aprobó la Ley 5/2025 y dejó fuera a las bicis, el PP anunció que la ordenanza seguiría sin tocarse, y Vox insistió en que el seguro era una medida «buena» (El Español). No fue un descuido que corrigieron al ver la ley estatal. Es una convicción que mantuvieron.
La Ley 5/2025 deja una puerta abierta en su disposición adicional primera. Según el texto, «mediante orden» del Ministerio de Economía, previa consulta a Interior, «se podrán regular otras inclusiones» en el seguro obligatorio (BOE). Solo hace falta que esos vehículos tengan certificado de circulación y un registro público, y ese registro lo regula el Consejo de Ministros.
Dicho de otra forma: un Gobierno con voluntad política podría meter a las bicis eléctricas en el seguro obligatorio con una orden ministerial y un real decreto. Sin votación en el Congreso, sin enmiendas y sin debate público.
Como contaba en diciembre, el Informe Razonado de la Comisión de Seguimiento recoge varias posturas favorables a incluir las EPAC. Entre ellas, la de la Fiscalía de Seguridad Vial, la del grupo de trabajo jurídico de la propia Comisión y la del RACE. La DGT habla de regularlas «en una fase posterior». Un Gobierno que quisiera hacerlo no tendría que inventarse la justificación: ya la tiene.
No quiero vender humo, así que pongo también lo que juega en contra de mi tesis:
No es una certeza: es un riesgo, con antecedentes claros. PP y Vox impusieron juntos el seguro a todas las bicis en Zaragoza y lo mantuvieron cuando el Congreso lo descartó. La ley ya permite extenderlo a las bicis eléctricas por orden ministerial, sin pasar por el Parlamento. Y los informes que lo justificarían ya están sobre la mesa.
Cada uno votará el 29N por muchas razones. Yo solo pido que, si te mueves en bici eléctrica, esta también esté en la balanza. Y que, gobierne quien gobierne, sigamos atentos al BOE: la próxima vez puede que no haya enmienda, ni debate público, que nos salve.
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